El organismo fiscalizador censura la actuación de la Inspección Sanitaria por archivar los expedientes sin indagar en el fondo del asunto e insta a Sanidad a depurar responsabilidades y diseñar un nuevo protocolo para casos críticos.
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Archivo sin indagación: Las denuncias de cuatro enfermeras del SAMU sobre actuaciones médicas en pacientes críticos fueron cerradas de forma prematura y sin investigar a fondo los hechos.
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Severo reproche: La Agencia Valenciana Antifraude (AVAF) afea a la Inspección Sanitaria una tramitación «heterogénea» con graves carencias de documentación, motivación y transparencia.
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Exigencia de medidas: El organismo reclama a la Conselleria de Sanidad abrir expedientes para depurar posibles responsabilidades y exige un protocolo estricto para situaciones de urgencia vital.
Valencia — 7 de julio de 2026
La Agencia Valenciana Antifraude (AVAF) ha emitido un contundente informe de 118 páginas en el que cuestiona con dureza la actuación de la Conselleria de Sanidad al minimizar y archivar varias denuncias por presunta mala praxis médica en el Servicio de Emergencias Sanitarias (SES-SAMU). El organismo fiscalizador concluye de manera taxativa que las diligencias administrativas impulsadas en su momento por Begoña Arcos Rodríguez, entonces directora del SES, y por Juan Carlos Albiach Domingo, entonces jefe del Servicio de Inspección de Servicios Sanitarios, resultaron claramente insuficientes ante la gravedad de los hechos descritos, los cuales involucraban a pacientes en estado crítico y, en algunos casos, con desenlace de fallecimiento.
El origen del expediente se remonta a un periodo comprendido entre el año 2020 y agosto de 2023, intervalo en el que cuatro enfermeras del SAMU formularon alertas internas sobre procedimientos médicos que consideraban de extrema gravedad durante asistencias de emergencias o traslados. Ante la falta de una respuesta satisfactoria e institucional por parte de la Administración sanitaria, las profesionales decidieron trasladar el caso al Colegio Oficial de Enfermería de Valencia (COENV), entidad que asumió la representación institucional y acabó impulsando la denuncia formal ante la Agencia Valenciana Antifraude.
Una investigación «deficiente» y sin entrar al fondo
A pesar de que la AVAF aclara formalmente en su resolución que no posee las competencias técnicas ni jurídicas para determinar la existencia o no de una mala praxis clínica —labor reservada en exclusiva a los comités médicos y a la jurisdicción ordinaria—, el reproche hacia la gestión burocrática del caso es absoluto. El texto determina que la Inspección Sanitaria no agotó los medios a su alcance para fiscalizar los testimonios de las sanitarias.
«La tramitación posterior por parte del Servicio de Inspección de Servicios Sanitarios ha sido deficiente, puesto que tampoco dicho Servicio ha agotado los medios a su alcance para comprobar la veracidad de los hechos denunciados, ni se analiza la actuación técnico-sanitaria con el detalle que merece», reza textualmente el informe de la Agencia.
Uno de los puntos clave destapados por Antifraude radica en el motivo del archivo de las actas. Según constata la fiscalización, en los tres casos analizados la Administración cerró las carpetas alegando de forma genérica la inexistencia de «faltas de carácter disciplinario», evitando de este modo entrar a analizar la presunta negligencia médica de fondo. La AVAF resume el escenario denunciando una «tramitación heterogénea, insuficientemente protocolizada y con déficits relevantes de documentación, trazabilidad, motivación y atención al denunciante».
Opacidad institucional y cambios de personal
La resolución pone asimismo el foco sobre la «falta de transparencia» desplegada durante el procedimiento. La documentación del caso revela un dilatado intercambio de escritos en el que tuvo que mediar el propio Síndic d’Agravis ante el silencio de la Conselleria de Sanidad. El informe concluye que la Administración solo ofreció respuestas concretas y detalladas una vez que la Agencia Antifraude intervino formalmente en el expediente, recurriendo hasta ese instante a contestaciones evasivas e incompletas hacia quienes alertaban sobre un problema que afectaba directamente a la seguridad asistencial.
En el plano organizativo, el informe incorpora un dato de alto calado: ninguno de los tres facultativos médicos que fueron objeto de las denuncias por parte de los equipos de enfermería continúa ocupando su puesto original en el servicio SAMU. No obstante, el actual director del SES, Rafael Romero, queda completamente desvinculado de las irregularidades detectadas en la gestión anterior; al contrario, el informe recalca que bajo su dirección actual ya se han tomado medidas correctoras frente a estas dinámicas asistenciales.
Petición de sanciones y acciones legales
Lejos de limitar el caso a una advertencia del pasado, la AVAF ha instado formalmente a la Conselleria de Sanidad a evaluar la exigencia de responsabilidades individuales y administrativas sobre los funcionarios y altos cargos que lideraron la defectuosa tramitación de los expedientes. Asimismo, exige de manera inmediata el diseño y puesta en marcha de un protocolo específico para investigar las denuncias internas por mala praxis en el entorno de las urgencias y emergencias médicas, garantizando la protección de los denunciantes y la custodia rigurosa de las pruebas.
En una línea de recomendación altamente inusual, la Agencia Valenciana Antifraude se dirige también al Colegio Oficial de Enfermería de Valencia (COENV) sugiriéndole que estudie la activación de las medidas legales, deontológicas o jurisdiccionales oportunas ante los tribunales de justicia. Con ello, el ente fiscalizador deja la puerta abierta a que los hechos, ante los indicios documentales recabados en estas 118 páginas de informe, puedan tener un recorrido penal o civil más allá de la vía estrictamente corporativa.
