El Ayuntamiento de Valencia admite que desconoce el estado de la torre de San Bartolomé tras décadas sin inspecciones
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- Una investigación de la asociación Círculo por la Defensa del Patrimonio destapa que el histórico campanario barroco de la Calle Serranos no figura como propiedad municipal y carece de control urbanístico.
- La entidad exige por registro formal una inspección técnica extraordinaria in situ y el blindaje legal del monumento, atrapado de forma privada en el interior de una comunidad de vecinos.
VALENCIA (27 de agosto de 2026) – La Torre Campanario de San Bartolomé, uno de los monumentos más singulares del centro histórico de Valencia, se encuentra en una situación de absoluto desamparo administrativo y vulnerabilidad estructural. La asociación Círculo por la Defensa y Difusión del Patrimonio Cultural ha presentado hoy un requerimiento formal de inspección técnica ante el Ayuntamiento de Valencia tras certificar, mediante una resolución oficial de transparencia, que el consistorio arrastra un «cero absoluto» en el control, vigilancia y conservación del monumento durante las últimas décadas.
Los datos oficiales, calificados por la entidad civil como una «confesión administrativa de extrema gravedad», revelan que los servicios de Disciplina Urbanística y de Patrimonio Histórico carecen de cualquier expediente abierto, informe técnico o cata sobre la estabilidad de la torre. El monumento, un exponente del barroco valenciano que sobrevivió milagrosamente al derribo de su iglesia parroquial en el año 1944, se halla actualmente encastrado e integrado registralmente dentro de una finca de viviendas de propiedad privada en la Plaza de Manises número 3.
Un «campanario huérfano» en manos privadas por un olvido burocrático
La investigación de la asociación patrimonialista ha sacado a la luz un enredo jurídico que explica por qué la torre ha permanecido invisible para los inspectores municipales. Según consta en el expediente de Transparencia nº E-00702-2026-000186-00, dictado por Resolución de Alcaldía con fecha de hoy mismo, 27 de agosto de 2026, la Torre de San Bartolomé no forma parte del Inventario de Propiedad Municipal.
Aunque en las navidades del año 1953 se acordó un dictamen para la cesión gratuita del monumento al patrimonio de la ciudad, este trámite jamás llegó a ser aprobado por el Pleno del Ayuntamiento. Como consecuencia de este histórico olvido burocrático, la torre quedó formalmente integrada en la Finca Registral nº 901, pasando a ser una copropiedad privada de la Comunidad de Propietarios de la Plaza de Manises nº 3.
«Es inadmisible que un elemento tan relevante de nuestro ‘skyline’ histórico, protegido formalmente por las leyes urbanísticas, dependa exclusivamente del mantenimiento que le pueda dar una comunidad de vecinos», señala la asociación Círculo por la Defensa del Patrimonio. «La administración local ha vivido de espaldas a esta realidad, utilizando la excusa de la propiedad privada para eludir su obligación ineludible de tutela, vigilancia e inspección que le impone la legislación autonómica».
Sin noticias de su interior: el riesgo de las patologías ocultas
La mayor preocupación de los expertos radica en el total desconocimiento sobre el estado de conservación del interior de la torre. El Servicio de Disciplina Urbanística, a través de su Oficina Técnica de Control de la Conservación de la Edificación, ha certificado formalmente que en el programa informático municipal (PIAE) no constan antecedentes de haber cruzado jamás el umbral de la torre para comprobar la solidez de sus muros de sillar, el estado de sus vigas de madera o la afección de patologías comunes en Valencia como las humedades por capilaridad o las plagas.
La Torre de San Bartolomé es un monumento exento de planta cuadrada que destaca por el uso de ladrillo rojo y remates apilastrados en sus cuerpos superiores. Al encontrarse «abrazada» por una estructura residencial moderna, las tensiones estructurales, las vibraciones del tráfico del centro histórico y las posibles filtraciones de agua de las viviendas colindantes podrían estar minando la integridad del campanario sin que los técnicos públicos lo sepan.
La falta de un diagnóstico multidisciplinar —donde intervengan arquitectos y arqueólogos municipales— sitúa al monumento en una posición de vulnerabilidad. La ley obliga a que todos los elementos protegidos como Bien de Relevancia Local (BRL) pasen exámenes periódicos, un mandato que en este caso se ha obviado por completo.
El Círculo por la Defensa del Patrimonio activa la Acción Pública
Ante este escenario de inacción institucional, la asociación cultural ha movilizado toda la maquinaria jurídica disponible. El escrito registrado hoy ante el Ayuntamiento de Valencia invoca formalmente el ejercicio de la Acción Pública amparada en el artículo 9 de la Ley 4/1998 del Patrimonio Cultural Valenciano (LPCV). Este resorte legal faculta a cualquier ciudadano o entidad civil a exigir ante los órganos administrativos y los tribunales el cumplimiento estricto de las normas de protección del patrimonio.
El requerimiento de la asociación exige que el consistorio dicte de manera inmediata una resolución para ejecutar una inspección técnica in situ extraordinaria. La entidad recuerda al Ayuntamiento que, según el artículo 22 de la LPCV, los propietarios privados están legalmente obligados a permitir el acceso de los inspectores de la Administración a los bienes protegidos.
Exigencia de transparencia en tiempo real
La asociación patrimonialista también ha blindado su derecho a la información para evitar que el consistorio archive la reclamación de forma silenciosa. Amparándose en los artículos 53.1.a y 53.1.b de la Ley del Procedimiento Administrativo Común (Ley 39/2015), la asociación se ha personado como parte interesada sobreelevada en el nuevo expediente.
Esto implica que el Ayuntamiento está obligado por ley a remitir a la asociación, de forma directa y tan pronto como se generen, copias digitalizadas de toda la instrucción: desde las actas que firmen los inspectores hasta el informe técnico final sobre las patologías de la torre, incluyendo el anexo fotográfico de alta resolución que se tome de su desconocido espacio interior. «No vamos a permitir que se nos derive a interminables y farragosos plazos de transparencia para saber qué le pasa a la torre; queremos luz y taquígrafos desde el primer minuto de la inspección», advierten desde la asociación.
Un ultimátum de tres meses
El Círculo por la Defensa del Patrimonio ha concluido su escrito con un riguroso recordatorio de los plazos legales. El Ayuntamiento de Valencia dispone de un plazo máximo de tres meses para resolver expresamente este requerimiento.
En caso de que el consistorio opte por el silencio administrativo o desestime la petición de inspección, la entidad civil ya ha anunciado que acudirá a dos vías de presión superiores:
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- La vía judicial ordinaria: Interponiendo un Recurso Contencioso-Administrativo contra el Ayuntamiento por la vulneración flagrante de sus competencias obligatorias de tutela y conservación del patrimonio (Art. 4.1 de la LPCV).
- El Síndic de Greuges: Formulando una queja formal ante el defensor del pueblo valenciano por la inacción de los deberes de inspección y la denegación del acceso directo a los documentos públicos.
Un valor patrimonial que sobrevivió a la Guerra Civil pero no a la especulación
La Torre de San Bartolomé no es un elemento menor en la historia valenciana. Su origen se remonta a una de las diez primeras parroquias cristianas instauradas en la ciudad por el rey Jaume I tras la conquista de 1238. Aunque la estructura original era de corte gótico, el campanario exento que ha llegado a nuestros días fue reconstruido y modificado con una magnífica factura barroca entre los siglos XVII y XVIII, vinculándose su autoría a círculos cercanos al célebre arquitecto Juan Bautista Pérez Castiel.
Frente a la leyenda urbana que asocia su desaparición a una destrucción total irreversible durante los incendios de la Guerra Civil, los informes históricos del propio párroco tras la contienda demostraron que la estructura del templo no estaba gravemente afectada y podía mantenerse en pie. Sin embargo, obviando las protestas de la Real Academia de San Carlos, el Arzobispado vendió los terrenos al Ayuntamiento para financiar las costosas obras del Seminario de Moncada.
El derribo del templo se ejecutó a partir de 1944 para convertir el suelo en manzanas edificables comerciales, salvándose milagrosamente el campanario gracias a la presión de los académicos de la época, aunque perdiendo su remate superior piramidal original. Hoy en día se encuentra encastrada de forma inverosímil entre edificios de viviendas y catalogada con la categoría local de Bien de Relevancia Local con Protección Integral.
La asociación Círculo por la Defensa del Patrimonio hace un llamamiento a la sensibilidad de las concejalías de Urbanismo y Cultura para que dejen a un lado los laberintos burocráticos, asuman la propiedad pública del monumento y pongan en marcha un Proyecto de Restauración Integral y Puesta en Valor que devuelva la Torre de San Bartolomé a los ciudadanos de Valencia.
