A pesar de las aclaraciones del Ministerio del Interior, el sector turístico sigue preocupado por la implementación del Real Decreto 933/2021, que exige el registro de datos de reservas a partir del 2 de diciembre.
El Ministerio del Interior ha reiterado que el Real Decreto 933/2021 no impondrá la recolección de más datos de los ya establecidos, pero las dudas sobre su aplicación persisten entre las agencias de viajes y otros actores del sector turístico. La falta de claridad en la norma y la inseguridad jurídica, según denuncia la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV), están generando incertidumbre a medida que se acerca la fecha límite para su implementación. El registro de reservas, que tiene como objetivo reforzar la seguridad ciudadana mediante el control de los datos de los viajeros, afectará a miles de empresas del sector, que temen verse sobrecargadas con nuevas obligaciones administrativas y posibles conflictos legales.
El Real Decreto 933/2021 y la controversia en el sector
El Real Decreto 933/2021, que entrará en vigor el 2 de diciembre de 2024, impone a los proveedores de servicios turísticos la obligación de registrar los datos personales de los clientes que realicen reservas. Esta normativa, derivada de la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana, tiene como principal objetivo reforzar los controles en materia de seguridad y facilitar la identificación de los viajeros, con el fin de prevenir delitos y mejorar la trazabilidad de las personas que utilizan estos servicios.
Sin embargo, desde su aprobación, la norma ha sido recibida con recelo por parte del sector turístico, especialmente por las agencias de viajes, quienes consideran que la aplicación del registro de datos les impone una carga excesiva e innecesaria. Además, sostienen que la ley podría infringir la normativa de protección de datos, lo que añade una capa de complejidad y riesgo legal.
El papel del Ministerio del Interior: aclaraciones insuficientes
El viernes 4 de octubre, el Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, se reunió con representantes del Consejo de Turismo de la CEOE para abordar las preocupaciones del sector. En dicha reunión, el Ministerio confirmó que no se solicitarán más datos que los establecidos en el anexo del Real Decreto y que ya se recogen en la actualidad. Sin embargo, la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV) considera que esta declaración no es suficiente y sigue insistiendo en la necesidad de que el gobierno emita un documento legal que garantice la “seguridad jurídica” necesaria para el sector.
Uno de los puntos que más preocupa a las agencias es la gran cantidad de campos de datos que se deben cumplimentar en las reservas. Según algunas fuentes, estos pueden oscilar entre 30 y 50 campos, lo que genera confusión y sobrecarga en la gestión diaria de las agencias. Desde la CEAV, se ha reclamado que la norma no imponga requisitos desproporcionados y que las agencias de viajes sean excluidas del ámbito de aplicación, argumentando que no están específicamente incluidas en la Ley de Seguridad Ciudadana de la que deriva este decreto.
Inseguridad jurídica y protección de datos
Uno de los principales problemas que plantea la implementación del Real Decreto es la protección de datos. Las agencias de viajes temen que el registro de un volumen tan alto de datos personales pueda infringir el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), lo que supondría sanciones y responsabilidades legales para las empresas del sector.
La CEAV ha sido particularmente crítica con esta normativa, destacando que las agencias de viajes, por su naturaleza, no deberían estar obligadas a cumplir con estas exigencias, ya que no tienen acceso a la infraestructura tecnológica ni a los recursos necesarios para gestionar y almacenar grandes volúmenes de información de forma segura. Además, recalcan que no son responsables directos de la seguridad ciudadana, y por tanto, no deberían asumir este tipo de obligaciones.
En este contexto, la falta de un marco legal claro que asegure a las agencias de viajes cómo cumplir con la norma sin vulnerar la legislación sobre protección de datos personales ha generado gran preocupación. Las agencias temen enfrentarse a situaciones en las que se vean expuestas a reclamaciones o sanciones por un mal manejo de los datos personales.
Cargas administrativas y costes adicionales
El registro de datos que establece el Real Decreto también conlleva cargas administrativas adicionales para las empresas turísticas, en particular para las pequeñas y medianas agencias de viajes. La obligación de registrar múltiples campos de información en cada reserva no solo implica un mayor esfuerzo administrativo, sino que también podría traducirse en costes adicionales para las agencias, que tendrían que invertir en sistemas de gestión de datos más robustos y seguros.
Las agencias de viajes, muchas de las cuales aún se están recuperando del impacto económico de la pandemia de COVID-19, temen que este nuevo requisito les imponga una carga que no puedan soportar. Desde la CEAV, se insiste en que la implementación del decreto es desproporcionada y que las pequeñas empresas, en particular, se verán gravemente afectadas por los nuevos requisitos.
Además, la digitalización de estos procesos no es sencilla para todas las empresas. Aunque las grandes compañías pueden contar con los recursos tecnológicos necesarios para gestionar este tipo de registros, muchas pymes del sector turístico no disponen de las herramientas necesarias para cumplir con los nuevos requisitos sin incurrir en gastos significativos.
Entrada en vigor sin prórrogas: el tiempo se agota
Uno de los anuncios más relevantes hechos por el Ministerio del Interior en la reunión del 4 de octubre es que no habrá más prórrogas para la entrada en vigor del Real Decreto. A pesar de las peticiones del sector para retrasar la implementación del registro de reservas, el Ministerio ha confirmado que la normativa se aplicará de manera definitiva el 2 de diciembre de 2024.
Esto significa que las agencias de viajes y otros proveedores de servicios turísticos tienen menos de dos meses para adaptarse a los nuevos requisitos. Sin embargo, la falta de una aclaración legal precisa y la inseguridad jurídica que rodea a la norma siguen siendo puntos críticos para el sector.
La CEAV ha subrayado que, en ausencia de una revisión profunda del Real Decreto o de su exclusión del ámbito de aplicación, las agencias de viajes se verán obligadas a cumplir con la normativa bajo el riesgo de sufrir sanciones o enfrentarse a problemas legales relacionados con la protección de datos.
La reacción del sector: ¿qué pueden esperar las agencias de viajes?
Con la fecha límite acercándose rápidamente, el sector turístico se enfrenta a una situación compleja. Aunque el Ministerio del Interior ha intentado ofrecer aclaraciones para reducir las preocupaciones del sector, los problemas clave relacionados con la seguridad jurídica, la protección de datos y las cargas administrativas siguen sin resolverse de manera satisfactoria para las agencias de viajes.
La CEAV continúa defendiendo la exclusión de las agencias de viajes del ámbito de aplicación del decreto y sigue insistiendo en la necesidad de que el gobierno proporcione garantías legales más claras. En este contexto, el sector turístico está adoptando una postura de cautela, a la espera de una posible respuesta por parte del gobierno que alivie las preocupaciones existentes.
Reflexión final
El registro de datos de reservas previsto por el Real Decreto 933/2021 plantea importantes desafíos para el sector turístico, particularmente para las agencias de viajes. A pesar de las aclaraciones del Ministerio del Interior, las dudas sobre la seguridad jurídica, la protección de datos y el coste administrativo de su implementación persisten. ¿Crees que el gobierno debería reconsiderar la aplicación de esta norma para evitar un impacto negativo en el sector turístico, especialmente en las pequeñas y medianas agencias de viajes?
