Cúpulas del Ministerio del Interior presionaron a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para omitir la implicación de Rabat en los informes remitidos a la Audiencia Nacional. La Guardia Civil redujo su dossier a solo 5 páginas tras suprimirse las referencias operativas a las fuerzas de seguridad marroquíes.
MADRID.— Crece la tensión en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) a raíz de la gestión política y judicial de los sucesos acontecidos en Ceuta. Según revelan fuentes próximas a la investigación y diversos mandos operativos, desde el Ministerio del Interior y el entorno de Moncloa se habrían articulado maniobras de presión sobre los altos cargos policiales y del Instituto Armado con el objetivo de exculpar al Reino de Marruecos de cualquier grado de orquestación o complicidad en la reciente crisis fronteriza.
El detonante de esta fractura interna radica en la exigencia de firmar informes oficiales en los que se desvinculase abiertamente a la gendarmería y autoridades marroquíes de los flujos masivos de entradas hacia la ciudad autónoma, una consigna a la que se negaron tajantemente varios mandos al considerar que contradecía las evidencias recogidas sobre el terreno y el material audiovisual captado por las cámaras perimetrales.
La contienda de los dos informes: de las 45 a las 5 páginas
El contraste entre las dos instituciones encargadas de velar por la seguridad fronteriza ha reavivado las alarmas en el seno del Poder Judicial:
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Policía Nacional: Elaboró y entregó a la Audiencia Nacional un pormenorizado atestado de 45 páginas. En este documento se documentaba el grado de organización en la frontera, las pautas de desplazamiento e información contextual de valor operativo sobre cómo se gestaron las entradas.
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Guardia Civil: Elaboró inicialmente un informe profundo con datos de Inteligencia y del Servicio Marítimo. No obstante, al conocerse que el borrador detallaba la inacción deliberada e incluso la colaboración de agentes de seguridad marroquíes al otro lado del vallado, se activaron los filtros en la cadena de mando.
A instancias de la dirección operativa de la Guardia Civil, se trasladaron instrucciones directas para que se eliminase cualquier alusión explícita a la implicación de Marruecos. Como resultado de este recorte institucional, el documento finalmente entregado a la jueza de la Audiencia Nacional quedó reducido a un escueto dossier de tan solo 5 páginas (portada incluida) centrado exclusivamente en la falta de previsión de las alertas.
La Audiencia Nacional en la encrucijada
Las discrepancias entre los atestados policiales y la mutilación del dossier de la Benemérita han causado profundo malestar en la Audiencia Nacional, cuya magistrada instructora había solicitado determinar si las entradas masivas respondieron a «una acción concertada o dirigida» desde el país vecino.
Mientras desde el Ejecutivo se desmarcan de estas acusaciones y las reducen a tensiones de ámbito técnico, representantes sindicales y asociaciones profesionales denuncian el uso político de las cúpulas de mando para supeditar la labor de la policía judicial a las prioridades diplomáticas con Rabat.
Aún así, ayer la jueza abrió la investigación de forma oficial para determinar las responsabilidades de lo sucedido, dando credibilidad al informe de policía nacional e incluso abriendo la instrucción a la tipificación de nuevos delitos y poniendo negro sobre blanco los 85 homicidios imprudentes producidos en suelo español.
