El movimiento judicial ve indicios de delitos contra la seguridad del Estado, favorecimiento de la inmigración ilegal y omisión del deber de perseguir delitos tras la entrada masiva de miles de migrantes a través de la frontera de Marruecos.
MADRID. — La organización Iustitia Europa ha presentado una denuncia ante la Audiencia Nacional a raíz de la entrada masiva e ininterrumpida de miles de personas a la ciudad autónoma de Ceuta procedentes de Marruecos. La acción legal solicita esclarecer si los hechos responden a una «instrumentalización de los flujos migratorios como mecanismo de presión contra España» y pide depurar responsabilidades penales tanto de organizaciones criminales o autoridades extranjeras como de los responsables políticos españoles por una presunta omisión de funciones.
En su escrito judicial, la entidad sostiene la existencia de indicios sobre la presunta comisión de delitos contra la seguridad del Estado y la Nación, favorecimiento de la inmigración ilegal, tráfico ilegal de personas, organización criminal y omisión del deber de perseguir delitos.
Batería de diligencias solicitadas
Iustitia Europa insta al tribunal competente a activar de forma urgente un conjunto de requerimientos a distintos estamentos de la Administración General del Estado:
-
Ministerio del Interior: Solicita la entrega de un informe detallado con el recuento exacto de las entradas registradas en Ceuta, los medios materiales y humanos desplegados y la totalidad de las comunicaciones mantenidas con las autoridades marroquíes.
-
CNI y Ministerio de Defensa: Reclama análisis de inteligencia sobre la posible detección previa de convocatorias en redes sociales para el salto fronterizo y la eventual implicación de estructuras o servicios extranjeros.
-
Guardia Civil: Pide la aportación íntegra de las grabaciones captadas por las cámaras térmicas y los sistemas de radar en la frontera del Tarajal y áreas colindantes.
Críticas a la gestión del Gobierno en la frontera sur
El presidente del movimiento, Luis María Pardo, subrayó que «defender las fronteras, la soberanía y la seguridad de los ciudadanos no admite cálculos políticos ni demoras». Desde la organización señalan con especial gravedad la negativa de las autoridades gubernamentales a utilizar con firmeza los instrumentos legales de contención disponibles para auxiliar a la población ceutí y respaldar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ante el colapso fronterizo.
Esta vía judicial coincide en el tiempo con la ofensiva emprendida por otros colectivos y partidos de la oposición ante órganos comunitarios y judiciales, elevando la tensión política y judicial en torno a la gestión de la frontera sur tras el repunte de presión migratoria.
