La resolución judicial abre la fase de juicio oral contra 38 investigados y revela un complejo entramado societario dirigido por el empresario Jaime Febrer para pagar campañas del PSPV a cambio de adjudicaciones.
VALENCIA — El Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia ha dado el paso definitivo para sentar en el banquillo a la cúpula de la trama del Caso Azud. La titular del juzgado ha dictado el auto de transformación en Procedimiento Abreviado, poniendo fin a casi una década de investigaciones y situando al PSPV-PSOE en el centro de una red de presunta financiación ilegal vinculada a las campañas electorales de 2007.
El escrito judicial, de más de 300 páginas, concluye la instrucción para 38 personas procesadas —entre las que figuran exaltos cargos socialistas, antiguos dirigentes del PP municipal, empresarios y funcionarios— y da un plazo de diez días a las acusaciones para que formalicen sus peticiones de apertura de juicio oral o el sobreseimiento.
Facturas falsas para sufragar actos del PSPV
Según el auto, la investigación ha acreditado la existencia de una estrategia de pagos opacos para sufragar de forma irregular actos de propaganda y campañas electorales de los socialistas valencianos.
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484.480,46 euros pactados: La resolución cuantifica en casi medio millón de euros las cantidades abonadas a cinco empresas que prestaron servicios electorales para la campaña del PSPV de 2007.
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Uso de mercantil pantalla: Dichos abonos se habrían canalizado formalmente a través de la firma Gigante Edificaciones y Obras, vinculada al empresario investigado Joaquín Pastor Rico.
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El «peaje» del Grupo Axis: La jueza sitúa el origen del flujo monetario en el constructor Jaime Febrer y su holding inmobiliario. La hipótesis judicial sostiene que el entramado pagaba este «peaje» con el objetivo de asegurarse decisiones y recalificaciones administrativas favorables.
Key Players: Los fontaneros de la trama
Impacto institucional y judicial
La resolución deja en evidencia un sistema transversal de corruptelas que afectó tanto a las administraciones en manos del Partido Popular —con la rama encabezada por el exvicealcalde Alfonso Grau y el cuñado de Rita Barberá, José María Corbín— como a los mecanismos de financiación interna de los socialistas valencianos.
En la vertiente política, las acusaciones no descartan poner el foco en contrataciones posteriores; el auto de procedimiento abreviado deja la causa lista a la espera de que la Fiscalía anticorrupción presente su escrito formal de acusación en los próximos días.
