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La Asociación de Vendedores que gestiona el recinto habría estado duplicando la tarifa autorizada de 0,50 € hasta que el Ayuntamiento legalizó el precio de 1 € el pasado 22 de mayo.
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Los tribunales ya tramitan el caso mientras se apunta a la gestión de la presidenta de la Junta Directiva y se pide investigar a los concejales Galiana y Ballester.
VALENCIA. – Un auténtico terremoto político y judicial sacude los cimientos del Mercado Central de Valencia. Lo que parecía un simple trámite administrativo ha destapado un presunto fraude continuado en la gestión de los urinarios del emblemático edificio municipal, gestionados directamente por la Asociación de Vendedores del mercado.
Según ha podido conocer este medio, los servicios jurídicos y los tribunales ya se encuentran investigando una práctica que habría inflado artificialmente las tarifas cobradas a los ciudadanos durante casi tres lustros, operando al margen de la legalidad municipal.
El 16/12 /2012 se estableció un cobro de 0,50€ por el uso de los baños para mejorar su limpieza, y este 22 de mayo de 2026 se ha acordado subirlo a 1€ pero la realidad es que llevan al menos 7-8 cobrando 1€, el doble de lo permitido por el uso de los urinarios.
Cabe recordar que el edificio es municipal y que la gestión privatizada lleva caducada desde el 1 de enero de 2018, y que el Ayuntamiento, el propietario habría sido informado hace años de estos hechos y no ha hecho absolutamente nada por acabar con esta irregularidad, lo que le convertiría en cooperador necesario de los presuntos hechos delictivos.
El doble de lo autorizado: un negocio millonario bajo la lupa
La normativa del Ayuntamiento de Valencia fijó de manera oficial en el año 2012 que la tarifa autorizada para el acceso a los aseos públicos del Mercado Central era de 0,50 euros por persona. Sin embargo, la realidad que se han encontrado los usuarios durante años ha sido muy distinta: se ha venido cobrando de forma sistemática 1 euro por uso, es decir, el doble de la cantidad permitida.
Esta alteración de los precios públicos plantea serias dudas sobre la legalidad de los importes aplicados a los cientos de miles de visitantes y turistas que acuden anualmente al mercado. La gestión de este sistema de cobro prolongado en el tiempo se sitúa bajo la directa responsabilidad de la presidenta de la Junta Directiva de la Asociación de Vendedores, la Sra. Puchades, quien presuntamente mantuvo dicha tarifa inflada de manera consciente.
Sólo en las cuentas de 2025 figuran unos ingresos por el uso de los urinarios de 69.000€, así 34.500€ habrían sido cobrados de manera indebida.
Ante este escenario, resulta urgente esclarecer los siguientes puntos clave:
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¿Quién adoptó la decisión unilateral de aplicar una tarifa superior a la legalmente autorizada?.
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¿Quién supervisó o consintió estas recaudaciones dentro de la propia organización?.
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¿Cuál fue el destino final de los ingresos obtenidos como consecuencia de esa diferencia de 0,50 euros por usuario, una cuantía que globalmente podría ascender a sumas astronómicas?.
Una legalización exprés que llega «tarde»
El caso ha dado un vuelco administrativo definitivo tras un documento judicial emitido esta misma semana, firmado digitalmente el pasado 25 de mayo de 2026 por el letrado Jorge Ramírez Juan. En este escrito, dirigido a la Sección 3ª del Tribunal de Instancia de Valencia en el marco del Procedimiento Ordinario nº 341/2025 , la representación de la Asociación de Vendedores solicita archivar el pleito alegando una «satisfacción extraprocesal» de las pretensiones de la demanda.
¿El motivo? El pasado 22 de mayo de 2026, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valencia aprobó elevar oficialmente la tarifa de los aseos hasta 1 euro.
Con este acuerdo municipal en la mano, los abogados de la Asociación de Vendedores defienden que el litigio carece de objeto porque el Consistorio ya ha concedido «la autorización que tanto anhelaba la actora» , acusando además a la parte demandante de actuar con «temeridad y mala fe».
Sin embargo, este movimiento administrativo no borra el pasado. Al contrario, el reciente acuerdo de la Junta de Gobierno hace aún más necesario aclarar por qué se estuvo cobrando esa misma cantidad de un euro con anterioridad y durante un largo periodo de tiempo sin contar con ningún tipo de cobertura normativa ni título habilitante.
¿Se habría producido este nuevo acuerdo debido a la demanda interpuesta a la entidad que gestiona irregularmente el mercado con connivencia municipal?
Exigen responsabilidades a Catalá, Ballester y Galiana
El escándalo ha trascendido las paredes del mercado y ya salpica directamente a la gestión política local. Diversos sectores exigen que se investigue a fondo la actuación de los responsables políticos que han ostentado las competencias en materia de mercados municipales durante todos estos años.
En el punto de mira se encuentra el papel desempeñado por los concejales Santiago Ballester y Carlos Galiana, de quienes se pide esclarecer si tenían conocimiento, si fallaron en la supervisión o si ejercieron algún tipo de control sobre la gestión de este servicio en concesión.
Por su parte, la Asociación de Mercados de la Comunidad Valenciana ya ha anunciado que se encuentra estudiando la posibilidad de ejercer acciones legales contundentes ante los tribunales. El objetivo es que se abran las vías de investigación necesarias para determinar las responsabilidades administrativas, civiles o incluso penales que pudieran derivarse de este presunto cobro ilícito.
En última instancia, las miradas se dirigen ahora hacia la alcaldesa de Valencia, María José Catalá. Desde el entorno social y comercial de la ciudad se considera imperativo que la primera edil ordene de inmediato una auditoría y revisión completa de la gestión de este servicio municipal, adoptando medidas ejemplares en función de lo que dictamine la investigación. Los ciudadanos tienen el derecho fundamental a saber si las tarifas pagadas se ajustaron a la legalidad y si el dinero recaudado en un bien de dominio público se gestionó con absoluta transparencia.
Una vez más, se alzan voces exigiendo la remunicipalización en la gestión del único mercado cuya gestión sigue siendo privada y que los hechos demuestran que no son transparentes ni diligentes en la gestión, permitido durante los años de Ribó y ahora de Catalá… parece que en esto Catalá también ha sido «la mejor pupila de Ribó»
«Todo ha cambiado en el Ayuntamiento de Valencia ( las fuerzas políticas) para que los hechos nos demuestren que nada ha cambiado, mismas formas, mismos problemas»
