Valencia — 9 de junio de 2026
La gestión del bienestar animal en Valencia ha entrado en una profunda crisis institucional, jurídica y moral. Lo que durante tres lustros fue un espacio de protección, voluntariado y segundas oportunidades para los animales más vulnerables, se convertirá de forma inminente en un negocio privado guiado por el beneficio económico. La Sociedad Protectora de Animales Modepran ha anunciado la desestimación del recurso inicial que mantenía frenada la adjudicación del servicio de recogida y custodia de animales. Con este revés administrativo, el próximo viernes se consumará un día fatídico para los animales en Valencia: la protectora se verá obligada a entregar las llaves de las instalaciones municipales a una Unión Temporal de Empresas (UTE) liderada por Athisa, una corporación andaluza dedicada originalmente a la desratización, desinfección y el control de plagas.
Este dramático escenario representa la culminación de un largo litigio que se remonta a hace dos años. En aquel momento, Modepran consiguió una victoria en los tribunales al paralizar judicialmente un proceso de licitación idéntico debido a defectos de forma en los pliegos del concurso. Sin embargo, el trasfondo real que motivó la batalla legal de la protectora era el mismo que hoy hace saltar todas las alarmas: la empresa que se perfilaba como ganadora arrastraba múltiples denuncias y sospechas por maltrato, negligencia y desatención en otros centros del territorio nacional. Tras subsanarse aquellos errores administrativos, el Ayuntamiento de Valencia volvió a licitar el servicio, permitiendo que la firma andaluza concurriera aliada en una UTE con otras dos empresas privadas y lograra hacerse con el contrato municipal.
Un historial de expansión, expulsiones y procesos penales
Athisa no es una desconocida en el sector de la recogida de animales, un área de gestión que los colectivos de protección denuncian que se ha privatizado bajo criterios puramente mercantilistas. A lo largo de su trayectoria de expansión por comunidades como Extremadura, Andalucía y la Comunidad de Madrid, la firma ha acumulado fuertes críticas de colectivos locales y formaciones políticas por las deplorables condiciones de los animales alojados en sus centros.
El caso más reseñado se sitúa en Badajoz, donde la gestión de la perrera local fue objeto de un intenso escrutinio público. Modepran y diversas plataformas de defensa animal sostienen que la mercantil andaluza ha sido expulsada de varios consistorios debido a graves deficiencias en sus servicios y que, a día de hoy, acumula hasta ocho procesos penales activos por presuntas irregularidades ligadas al maltrato animal o la falta absoluta de cuidados básicos.
Conviene recordar que la función primordial de este servicio público no consiste únicamente en retirar de forma fría y sistemática a los animales perdidos o abandonados de la vía pública; su labor esencial es cuidar de ellos de manera integral en el refugio, procurando en todo momento su bienestar físico y emocional, garantizando atención veterinaria digna y fomentando la adopción responsable. Unos objetivos que, según denuncian los colectivos afectados, chocan frontalmente con la filosofía de empresas cuya actividad matriz es la eliminación de plagas.
Veto al voluntariado y despido de la plantilla: el fin de la transparencia
La gravedad de la situación queda reflejada en las duras declaraciones de la asesoría jurídica de la protectora saliente. La abogada de Modepran ha detallado minuciosamente el demoledor impacto que tendrá este cambio de modelo, tanto para el tejido laboral como para el destino de los perros y gatos rescatados:
«Han desestimado el recurso inicial interpuesto y el Ayuntamiento de Valencia nos comunica que en pocos días, Modepran sale del refugio y entra a gestionarlo una unión de varias empresas privadas, una de ellas con 8 procesos activos por maltrato animal. Ni en nuestras peores pesadillas imaginábamos este escenario; los animales quedarán en manos de los intereses privados de tres empresas desratizadoras sin ningún afán de protección».
Uno de los puntos más espinosos y sangrantes del conflicto radica en el futuro de los trabajadores. A pesar de que la legislación laboral ampara la continuidad de los equipos humanos en los cambios de contratas públicas, la UTE ganadora ha rechazado mantenerlos en sus puestos.
«No admiten la subrogación de los trabajadores actuales, pese a que es obligatorio por ley. Trabajadores que han dado la vida por que los animales tuvieran una vida digna y que se van a la calle; gente comprometida y con años de experiencia. Nosotras tenemos clara la razón: saben que no callarán ante lo que todos sabemos que va a pasar allí dentro, porque ha pasado ya en varios refugios de España gestionados por esta empresa», asevera la letrada de la entidad.
Al margen de la vertiente laboral, el nuevo rumbo del refugio plantea un vacío absoluto en cuanto a la transparencia y la fiscalización ciudadana. Al extinguirse el convenio con una ONG y entrar en vigor un contrato mercantil con una empresa con ánimo de lucro, la figura del voluntariado queda jurídicamente excluida, dado que las empresas privadas no pueden disponer de mano de obra no remunerada según la normativa laboral estándar.
Esto significa que las decenas de personas que acudían diariamente a pasear, sociabilizar, medicar, peinar o dar apoyo afectivo a los animales ya no podrán cruzar las puertas del recinto. Las asociaciones advierten que la eliminación de los voluntarios supone levantar un auténtico muro de opacidad que impedirá conocer las condiciones reales en las que se encontrarán los animales en el día a día.
Indignación social ante un viernes fatídico
La comunidad protectora de la Comunidad Valenciana ha cerrado filas en torno a Modepran. Entidades como la Sociedad Protectora de Animales de Burjassot (SPAB) han emitido duros comunicados exigiendo que el bienestar de los seres vivos prevalezca sobre la optimización de los presupuestos municipales, criticando que los concursos públicos premien de forma desproporcionada la baja económica en detrimento de la calidad del cuidado.
Mientras tanto, las redes sociales bullen con este asunto. Miles de ciudadanos muestran su indignación, impotencia y rabia compartiendo testimonios, fotografías e hilos de denuncia bajo proclamas que exigen la paralización de la entrega de llaves. Ya se preparan campañas internacionales de recogida de firmas en portales como Change.org y se coordina un fondo solidario para dotar de músculo financiero a los servicios jurídicos de la protectora, que ya prepara nuevas acciones por la vía de lo contencioso-administrativo para intentar anular el concurso.
Tres años de parálisis: la nula gestión de Caballero y los refugios «cortina de humo» del anterior gobierno municipal
El estallido de esta crisis pone de manifiesto la gestión nula y la falta de compromiso del concejal responsable, Juan Carlos Caballero. Las promesas e infraestructuras anunciadas a bombo y platillo por la concejal del gobierno anterior han resultado ser una burda cortina de humo para desviar la atención y calmar los ánimos de la opinión pública.
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El refugio compartido con Torrent: Este proyecto, publicitado como una de las grandes soluciones metropolitanas, se encuentra abandonado en medio de un solar, completamente aislado y sin caminos de acceso transitables. La realidad es que la infraestructura sigue sin definirse y ni siquiera se ha modificado su actividad en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Torrent, por lo que legalmente no es más que un terreno inhábil.
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El centro de Tavernes Blanques: Diseñado originalmente junto a un colegio del municipio, este espacio sigue sin materializarse y se encuentra paralizado en los cajones de la administración local, sin visos de ver la luz a corto o medio plazo.
Tres años después de heredar la responsabilidad del área, Juan Carlos Caballero sigue manteniendo a la ciudad encadenada al saturado refugio de Benimàmet, una instalación obsoleta que ya no puede crecer más ni absorber el volumen de abandonos de la capital. La ausencia total de nuevos proyectos de infraestructuras animales contrasta con la gravedad de la situación actual.
Ante la gigantesca polémica desatada y el clamor social, la única respuesta ofrecida por Caballero ha sido la emisión de una nota oficial en la que acusa a los colectivos vecinales, protectoras, prensa y partidos de la oposición de difundir «bulos». Una reacción política que muchos sectores no han tardado en comparar con el estilo de Pedro Sánchez, recurriendo al victimismo y al manido argumento de «una confabulación del mundo contra mí» para eludir responsabilidades mientras los animales de Valencia se asoman al abismo.
