La magistrada María Tardón admite a trámite la denuncia presentada por el colectivo Iustitia Europa y requiere documentación al Gobierno para esclarecer si existió una omisión del deber o dejación de funciones en la gestión de la crisis.
MADRID. — La magistrada de la Audiencia Nacional, María Tardón, ha acordado la apertura de diligencias previas para investigar los hechos acaecidos en Ceuta que han puesto en jaque la estabilidad institucional y la gestión fronteriza del Ejecutivo. La resolución judicial responde a la denuncia formal interpuesta por la entidad Iustitia Europa, que apunta a la presunta comisión de delitos contra la Seguridad del Estado y los intereses de la Nación, solicitando que se depuren responsabilidades al más alto nivel.
El foco de las pesquisas no solo se centra en la vulneración del perímetro fronterizo y los altercados registrados en la ciudad autónoma, sino que apunta directamente a la respuesta institucional del Gobierno central presidido por Pedro Sánchez.
Las claves de la investigación judicial
La jueza instructor ha solicitado una primera batería de diligencias dirigidas a recopilar información oficial, informes policiales y actas de coordinación ministerial de los días en los que se desencadenó la crisis.
Entre los puntos esenciales que abordará la instrucción destacan:
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Posible dejación de funciones: Se examinará si existió una inacción deliberada o una falta de previsión grave por parte de los Ministerios del Interior y de Defensa en el despliegue de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
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Cadena de mando y toma de decisiones: La magistrada requiere al Ejecutivo el cronograma detallado de las órdenes impartidas durante los sucesos para constatar si se actuó con la diligencia debida en la protección de la integridad territorial.
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Alcance de los delitos tipificados: La querella aceptada a trámite busca determinar si los hechos encajan en los supuestos del Código Penal relativos a los delitos contra la seguridad nacional y los deberes de estado.
«Resulta imprescindible esclarecer si las decisiones adoptadas —o la ausencia de las mismas— supusieron un riesgo real para la soberanía nacional y la seguridad de los ciudadanos en la frontera sur», señalan fuentes cercanas al proceso.
Acción popular e implicaciones políticas
La denuncia impulsada por la acusación popular de Iustitia Europa remarca que los acontecimientos vividos en la frontera ceutí no pueden atribuirse únicamente a un episodio de presión migratoria o de desorden público convencional. A juicio del colectivo, la gravedad de lo sucedido obligaba a una respuesta de Estado de mayor contundencia y la inacción denunciada podría haber vulnerado preceptos constitucionales básicos.
Esta apertura de diligencias sitúa nuevamente en el centro de la polémica la política exterior y de defensa de Moncloa. Fuentes de la investigación señalan que, tras la recepción de los datos solicitados a los distintos departamentos del Gobierno, la magistrada María Tardón valorará la citación de testigos e incluso la citación de altos cargos gubernamentales para determinar si existen indicios suficientes para articular una causa penal formal.
