VALENCIA. – Dormir se ha convertido oficialmente en un privilegio de clase en la costa valenciana. La pasada noche no fue de descanso, sino de pura supervivencia termométrica y desesperación económica. A la medianoche, la práctica totalidad de las localidades costeras de la provincia de Valencia registraban o rozaban unos insólitos 30ºC, una auténtica anomalía climática que impide conciliar el sueño sin recurrir de forma obligatoria al aire acondicionado o a los ventiladores. Sin embargo, el verdadero termómetro de la injusticia social no se mide en mercurio, sino en la factura de la luz.
El récord absoluto de este infierno nocturno se lo llevó la localidad alicantina de Dénia, donde los termómetros marcaban unos demenciales 36,2ºC a las 00:00 horas. En el resto de la provincia de Valencia, la tónica general a esa misma hora superaba holgadamente los 26-27ºC. Ante este escenario de emergencia climática intramuros, la solución evidente —encender los sistemas de refrigeración— es, en realidad, una trampa financiera para las familias más vulnerables.
El Gobierno de Pedro Sánchez y Sumar condena a los más desfavorecidos y rentas bajas
Los más perjudicados vuelven a ser, de forma sistemática, los ciudadanos más desfavorecidos y aquellos atrapados en la pobreza energética. Mientras la población se asa en sus hogares, el Gobierno central de Pedro Sánchez y Sumar, con el apoyo de socios territoriales como Compromís, ha decidido que la electricidad vuelva a tributar como si fuera un producto de alta gama. Con la reciente subida del IVA de la luz al 21% y el nuevo incremento del Impuesto Especial sobre la Electricidad, las instituciones públicas parecen mandar un mensaje claro: combatir una noche tropical es un «capricho» gravable. El resultado de esta asfixia fiscal es inmediato: el precio de la electricidad se ha incrementado al menos un 20% en el último mes.
La contradicción política roza el cinismo. Mientras el ciudadano medio sufre un infierno en sus hogares pagando el kilovatio hora a precio de oro, es previsible que en los próximos días las redes sociales se inunden con los habituales vídeos institucionales del presidente del Gobierno, grabados bajo el reconfortante frescor de la climatización de La Moncloa, aconsejando de forma paternalista «beber agua» e «hidratarse».
Detrás de las recomendaciones bienintencionadas y las campañas de salud pública se esconde una realidad descarnada: Hacienda hace caja a costa del sudor y el insomnio de los españoles. Catalogar la energía necesaria para no sufrir un golpe de calor en la propia cama como un «bien de lujo» no solo demuestra una preocupante desconexión con la realidad de la calle, sino que abandona a su suerte a quienes tienen que elegir entre pagar la comida o encender el ventilador. La pasada noche no solo batió récords climáticos; expuso, una vez más, la insoportable brecha entre la retórica gubernamental y la desprotección del ciudadano de a pie.
